Durante años hemos tratado el acuerdo como si fuera una criatura mitológica: todos hablan de él, pocos lo han visto y casi nadie confía en que exista de verdad. En el imaginario colectivo jurídico, acordar es sospechoso. Si no hay sentencia, parece que “no ha pasado nada”. Si no hay pleito, da la sensación de que alguien ha cedido demasiado. Y, sin embargo, ahí está la paradoja: el acuerdo es extraordinario no por excepcional, sino porque exige justo lo que menos nos gusta ejercer —responsabilidad, escucha y renuncia al dramatismo procesal.
The mediation lleva tiempo avisándonos de esto, aunque no siempre la hayamos querido escuchar. No promete milagros, no dicta vencedores ni redacta finales épicos. Lo que hace es algo mucho más incómodo: sentar a las partes frente a frente y obligarlas a hacerse cargo del conflicto. Sin toga, sin estrados y, lo más perturbador de todo, sin excusas.
The Ley 1/2025, al regular los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), no inventa la pólvora. Lo que hace es recordarnos —con una elegancia normativa bastante firme— que antes de acudir al juez conviene intentar algo revolucionario: hablar. Negociar. Mediar. En definitiva, asumir que el proceso judicial no es el único ni siempre el mejor camino para resolver un problema.
Y aquí viene lo verdaderamente irónico: llamamos “extraordinario” al acuerdo cuando, en realidad, lo extraordinario debería ser llegar a juicio sin haber intentado resolver el conflicto de otra manera. La nueva normativa invierte el foco. No deslegitima el proceso judicial, pero sí lo recoloca donde corresponde: como última opción, no como reflejo automático.
¿Por qué cuesta tanto acordar? Porque el acuerdo implica perder algo. Tiempo, expectativas, una parte del relato heroico que cada uno se ha construido. En mediación no se gana “todo”, pero tampoco se pierde “todo”. Se gana control. Se gana previsibilidad. Y, sobre todo, se gana algo que el pleito rara vez ofrece: una solución diseñada por las propias partes, no impuesta por un tercero que llega cuando el conflicto ya está exhausto.
La Ley 1/2025 entiende esto y lo traduce en consecuencias prácticas. Introduce incentivos, exigencias y responsabilidades procesales para quien decide ignorar los MASC sin causa justificada. No obliga a acordar —eso sería una contradicción en sí misma—, pero sí obliga a intentar acordar. Y esa diferencia es clave.
En este contexto, la mediación deja de ser “la opción amable” para convertirse en una herramienta jurídicamente relevante, estratégica y, por qué no decirlo, profundamente racional. No es un acto de debilidad. Es un ejercicio de inteligencia jurídica y económica.
Así que sí, el acuerdo es algo extraordinario. No porque sea raro, sino porque requiere madurez. Porque exige abandonar la fantasía del conflicto perpetuo y aceptar que, a veces, la mejor victoria es cerrar el problema y seguir adelante.
Quizá por eso la mediación incomoda tanto. Y quizá por eso la Ley 1/2025 llega en el momento justo para recordarnos que acordar no es rendirse. Es, sencillamente, resolver.
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