En casi cualquier recurso que trabaje con niños, niñas y adolescentes hay una frase que se repite cada vez con más frecuencia: “esto ya no es solo educativo”. Detrás de esa afirmación no hay una queja gratuita, sino la constatación de una realidad que atraviesa a centros educativos, recursos de protección, programas socioeducativos y dispositivos de justicia juvenil: el malestar emocional de los menores es cada vez más visible, más intenso y más difícil de sostener con las herramientas tradicionales.
Hablar hoy de salud mental infantojuvenil no es hablar de un tema especializado que afecta a unos pocos casos concretos. Es hablar del día a día de la intervención. De crisis emocionales, de conductas desbordadas, de autolesiones, de ansiedad, de bloqueos, de una tristeza persistente que no siempre encaja en diagnósticos claros pero que atraviesa la vida de muchos menores atendidos por los recursos.
La pregunta, por tanto, no es si la salud mental está presente en la intervención con menores, sino si los recursos y los equipos están realmente preparados para afrontar esta demanda creciente sin desdibujar su función ni asumir responsabilidades que no les corresponden.
Cuando el malestar se convierte en protagonista
En los últimos años se ha producido un cambio evidente en los perfiles de los menores atendidos. El sufrimiento emocional, que antes aparecía de forma más puntual o secundaria, se ha convertido en un elemento central de muchas intervenciones. No siempre se presenta con un diagnóstico definido, pero sí con señales claras de malestar: dificultades para regular emociones, baja tolerancia a la frustración, estados de ansiedad persistente, conductas autolesivas o una desconexión emocional profunda.
Este escenario coloca a los profesionales en una posición compleja. Por un lado, no pueden ignorar ese malestar ni reducirlo a un problema de conducta. Por otro, muchos recursos no están diseñados ni dotados para ofrecer una atención terapéutica especializada. La línea entre lo educativo, lo social y lo clínico se vuelve difusa, generando inseguridad y, en ocasiones, sensación de desbordamiento.
El riesgo es doble: o bien se minimiza el sufrimiento del menor, abordándolo únicamente desde la norma y la contención, o bien se asume un rol terapéutico para el que el recurso no está preparado, con el consiguiente desgaste profesional.
¿Todo es salud mental?
Uno de los debates más presentes en los equipos es la sensación de que “todo es salud mental”. Esta percepción no surge de la nada. Responde a un contexto en el que el malestar emocional se ha normalizado y, al mismo tiempo, se ha medicalizado en exceso. No todo sufrimiento es un trastorno, ni toda conducta desajustada requiere una respuesta clínica inmediata.
Muchos menores arrastran experiencias de daño, carencias afectivas o contextos familiares desorganizados que explican gran parte de sus dificultades emocionales. Nombrar esto no es restar importancia al problema, sino situarlo en un marco más amplio que permita intervenir con sentido.
El reto para los profesionales está en afinar la mirada: saber cuándo estamos ante un proceso evolutivo complejo, cuándo ante una respuesta adaptativa a un contexto adverso y cuándo ante una situación que requiere una intervención especializada en salud mental. Esa distinción no siempre es clara, y precisamente por eso requiere formación, coordinación y espacios de reflexión compartida.
Recursos tensionados, equipos al límite
La creciente presencia de problemáticas emocionales severas ha tensionado los recursos. Muchos equipos se sienten responsables de sostener situaciones para las que no cuentan ni con los medios ni con el respaldo institucional necesario. Las derivaciones a salud mental se demoran, los seguimientos son irregulares y la coordinación entre sistemas no siempre funciona como debería.
En este contexto, el equipo educativo o socioeducativo se convierte, de facto, en el principal sostén del menor. Esto tiene un valor enorme, pero también un coste. La exposición continuada al sufrimiento emocional, sin herramientas suficientes ni espacios de descarga, incrementa el riesgo de desgaste, frustración y sensación de impotencia.
No es extraño que aparezcan discursos de cansancio, de pérdida de sentido o de cuestionamiento del propio rol profesional. Cuando todo parece urgente y grave, sostener una intervención educativa coherente se vuelve cada vez más difícil.
El papel del profesional: acompañar sin invadir
Uno de los aprendizajes más importantes en este escenario es entender que acompañar el malestar no significa convertirse en terapeuta. El rol del profesional socioeducativo no es diagnosticar ni tratar, pero sí crear contextos seguros, estables y predecibles donde el menor pueda empezar a regularse.
Esto implica saber estar, sostener silencios, poner límites claros sin violencia, tolerar la intensidad emocional sin responder desde la urgencia. Implica también reconocer cuándo una situación supera el marco del recurso y requiere una intervención especializada, y saber pedir ayuda sin sentirlo como un fracaso profesional.
Este equilibrio —ni minimizar el malestar ni asumirlo todo— es uno de los grandes retos actuales de la intervención con menores. Y es, también, uno de los aspectos menos trabajados en la formación inicial.
Coordinación: la gran asignatura pendiente
La atención a la salud mental infantojuvenil no puede recaer en un solo sistema. Educación, protección, justicia y salud mental necesitan dialogar de forma real y operativa. Sin embargo, en la práctica, esta coordinación sigue siendo frágil y desigual.
Los profesionales se encuentran a menudo mediando entre sistemas que no siempre comparten tiempos, lenguajes ni prioridades. Esta situación genera frustración y coloca al menor en una posición de vulnerabilidad añadida, al tener que adaptarse a respuestas fragmentadas.
Fortalecer la coordinación no es solo una cuestión organizativa, sino también formativa. Entender cómo funciona cada sistema y cuál es el papel propio dentro de esa red es clave para intervenir con mayor coherencia.
Formación para no perder el norte
Ante este panorama, la formación especializada adquiere un papel central. No para convertir a los profesionales socioeducativos en clínicos, sino para dotarlos de herramientas que les permitan comprender el malestar emocional, intervenir con mayor seguridad y proteger su propio equilibrio profesional.
Formarse en salud mental aplicada a la intervención con menores ayuda a:
- Leer las conductas desde una perspectiva más amplia.
- Evitar respuestas punitivas ante el sufrimiento.
- Establecer límites profesionales claros.
- Mejorar la coordinación con otros recursos.
- Reducir el desgaste emocional del equipo.
No se trata de saber más, sino de saber mejor qué hacer y qué no hacer.
Una mirada necesaria
La salud mental infantojuvenil seguirá siendo un eje central de la intervención en los próximos años. Negarlo o delegarlo por completo en otros sistemas no es una opción realista. Pero asumirlo sin reflexión ni formación tampoco lo es.
La clave está en construir intervenciones que reconozcan el malestar, lo acompañen con sentido educativo y se apoyen en redes profesionales sólidas. Solo así será posible sostener a los menores sin romper a quienes trabajan con ellos.
Pensar este tema no es una moda ni una tendencia. Es una necesidad urgente para garantizar intervenciones más humanas, más coherentes y más sostenibles en el tiempo.
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