En muchos servicios de protección la conversación se repite con una frecuencia cada vez más incómoda: hay menores con medida de acogimiento familiar acordada… y no hay familia disponible. No se trata de un episodio puntual ni de un desajuste temporal. Es una tendencia sostenida que los equipos vienen señalando desde hace años y que empieza a tener consecuencias muy concretas en la organización del sistema.
Mientras el discurso institucional insiste —con razón— en la necesidad de priorizar entornos familiares frente al acogimiento residencial, la capacidad real para hacerlo no siempre acompaña. Entre la intención normativa y la disponibilidad efectiva de familias se ha abierto una brecha que los profesionales gestionan como pueden, muchas veces en silencio.
Hablar de la escasez de familias acogedoras no es cuestionar el modelo de acogimiento familiar. Es, precisamente, tomárselo en serio.
Un cambio de escenario que se viene gestando
Durante años, el acogimiento familiar se ha consolidado como la medida preferente cuando un menor no puede permanecer con su familia de origen. La evidencia sobre los beneficios de crecer en un entorno familiar es sólida y ampliamente compartida. Sin embargo, el sistema actual se enfrenta a un contexto social diferente al de hace dos décadas.
Captar familias dispuestas a asumir un acogimiento se ha vuelto más difícil. No solo por una cuestión numérica, sino por el perfil de los casos que llegan al sistema. Los equipos lo describen con bastante claridad: hay familias disponibles para determinados perfiles, pero muchas menos cuando se trata de adolescentes, grupos de hermanos o menores con trayectorias de especial complejidad.
Este desajuste no suele aparecer en los discursos generales, pero condiciona de forma decisiva la práctica cotidiana.
Cuando la medida existe… pero el recurso no
Una de las situaciones más frustrantes para los equipos se produce cuando la valoración técnica concluye que el acogimiento familiar sería la opción más adecuada y, aun así, no se logra materializar por falta de familia disponible.
En estos casos, el sistema se ve obligado a recurrir al acogimiento residencial como medida de hecho, aunque no sea la opción preferente en ese momento del proceso. Esto genera una tensión silenciosa: el recurso residencial absorbe situaciones que, en otro contexto, podrían haberse resuelto en entorno familiar, mientras los equipos intentan seguir buscando una alternativa que no siempre llega.
El riesgo no es solo organizativo. También es emocional y evolutivo para el menor, que puede encadenar tiempos de espera, expectativas fallidas o cambios de medida que añaden más incertidumbre a trayectorias ya frágiles.
Más allá de la captación: el reto de sostener los acogimientos
Con frecuencia, el debate público se centra en la necesidad de “captar más familias”. Sin embargo, los profesionales que trabajan en este ámbito insisten en que la cuestión no es únicamente cuantitativa. Tan importante como incorporar nuevas familias es poder acompañarlas y sostener los acogimientos en el tiempo.
Las rupturas de acogimiento siguen siendo una preocupación relevante. Cuando se producen, el impacto en el menor puede ser significativo, especialmente si se suma a experiencias previas de pérdida o inestabilidad vincular. Muchos de estos quiebres no se deben a falta de compromiso de las familias, sino a la complejidad de las situaciones que se les pide sostener.
Esto obliga a mirar el acogimiento familiar con más realismo y menos idealización. Acoger no es solo ofrecer un hogar; es transitar procesos complejos que requieren apoyo técnico continuado.
Perfiles que encuentran menos respuesta
Aunque cada territorio presenta matices propios, hay coincidencias bastante claras sobre qué situaciones encuentran mayores dificultades para acceder a una familia acogedora. La adolescencia sigue siendo uno de los momentos más críticos. También lo son los grupos de hermanos cuya separación no resulta aconsejable o los menores con necesidades educativas o emocionales intensas.
Esta realidad introduce un elemento de desigualdad dentro del propio sistema de protección. No todos los menores tienen las mismas probabilidades de acceder a un entorno familiar, y esa diferencia no siempre responde a criterios de necesidad, sino a la capacidad real del sistema para ofrecer respuestas.
Reconocer este desequilibrio es incómodo, pero necesario para poder abordarlo.
Lo que está cambiando en la intervención profesional
La escasez de familias acogedoras está modificando, de forma silenciosa, el trabajo de muchos equipos. Se intensifican los esfuerzos de captación, se afinan los procesos de valoración y se refuerza el acompañamiento a las familias que ya están en el sistema. Al mismo tiempo, los recursos residenciales se ven obligados a sostener estancias más largas de lo que, en algunos casos, sería deseable.
Para los profesionales que se incorporan al ámbito de la protección, este escenario exige comprender que el sistema funciona con equilibrios muy ajustados. No basta con conocer el marco teórico del acogimiento; es necesario entender sus límites reales, sus tiempos y las tensiones que atraviesan su desarrollo.
Esta comprensión más compleja del sistema es, hoy, una competencia profesional en sí misma.
Mirar el problema sin soluciones simples
La falta de familias acogedoras no se resolverá con una única medida ni en el corto plazo. Tiene que ver con cambios sociales profundos, con la percepción social del acogimiento, con las condiciones de apoyo a las familias y con la propia evolución de los perfiles atendidos por el sistema de protección.
Simplificar el debate —ya sea culpabilizando a las familias, idealizando el acogimiento o trasladando toda la presión a los recursos residenciales— no ayuda a avanzar. Lo que se necesita es una mirada más honesta sobre las capacidades y límites del sistema, acompañada de políticas de apoyo sostenido y de una intervención profesional cada vez más afinada.
Un reto que interpela al conjunto del sistema
La escasez de familias acogedoras no es solo un problema de los programas de acogimiento. Es un indicador de cómo está funcionando el conjunto del sistema de protección y de hasta qué punto es capaz de ofrecer respuestas diversificadas y sostenibles.
Para quienes trabajan con menores, este escenario obliga a moverse en un terreno de decisiones imperfectas, donde muchas veces se elige la mejor opción posible, no la ideal. Prepararse para intervenir en este contexto —con criterio, realismo y sensibilidad— es hoy más importante que nunca.
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