Una noticia que agita el debate
En las últimas semanas, Málaga ha sido escenario de un fenómeno que ha captado la atención nacional. La Fiscalía de Menores investiga alrededor de setenta casos de menores extranjeros que habrían llegado a España acompañados de sus padres y que, una vez aquí, fueron presuntamente abandonados para ser tutelados por el sistema de protección.
Los medios, con mayor o menor rigor, han bautizado esta situación como el fenómeno de los “menas Erasmus”, una expresión que ha generado titulares llamativos, confusión y un intenso debate social.
El término combina el acrónimo MENA (menor extranjero no acompañado) con la referencia al programa universitario Erasmus, en un juego irónico que sugiere una “llegada planificada” para aprovecharse del sistema de protección. Sin embargo, más allá de la provocación mediática, el caso plantea preguntas de fondo sobre el funcionamiento de la tutela pública, los límites del sistema y, sobre todo, los derechos de los menores migrantes.
Entre la alarma y la realidad
Lo primero que conviene señalar es que la realidad es más compleja que la caricatura del titular. Los menores investigados no son “turistas de la protección”, sino niños y adolescentes que, por una u otra razón, han quedado sin cuidado parental en territorio español.
En algunos casos, podría existir una estrategia familiar para asegurar un futuro mejor al menor; en otros, se trata de abandonos reales o de situaciones confusas en las que el niño termina solo, sin nadie que se responsabilice de él.
Cualquiera que sea la causa, el resultado es el mismo: un menor desamparado que necesita atención inmediata. En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, España está obligada a proteger a todo menor en situación de riesgo, sin distinción de origen o nacionalidad.
Eso significa que, incluso si se sospecha un uso irregular del sistema, el deber de protección es prioritario. La investigación judicial puede y debe seguir su curso, pero el menor debe ser acogido y cuidado desde el primer momento.
Los derechos que no pueden ponerse en duda
El ruido mediático no debe hacer olvidar lo esencial: los menores migrantes son titulares de los mismos derechos que cualquier otro niño.
El principio de igualdad y no discriminación (artículo 2 de la Convención) y el interés superior del menor (artículo 3) obligan a los Estados a garantizar su protección integral.
Eso incluye el derecho a la educación, a la salud, a la participación social, a la identidad cultural y, sobre todo, a un proyecto de vida digno y seguro.
En los últimos años, España ha dado pasos importantes para adaptar la normativa de extranjería al contexto de los menores tutelados. El Real Decreto 903/2021, que modificó el Reglamento de Extranjería, simplificó los procedimientos para la obtención de permisos de residencia y trabajo para menores y extutelados, reconociendo así su potencial de integración y autonomía.
Por tanto, más que un problema de “abuso del sistema”, la cuestión debería centrarse en cómo garantizar que estos derechos se cumplan eficazmente, incluso en situaciones nuevas como las detectadas en Málaga.
El riesgo del lenguaje: cuando las palabras etiquetan
El uso del término “mena” ya venía generando debate desde hace años. En su origen es una categoría administrativa, pero su repetición en discursos mediáticos y políticos lo ha convertido en una etiqueta cargada de prejuicios.
Añadirle ahora el apellido “Erasmus” agrava el problema: trivializa el fenómeno migratorio, ironiza sobre la infancia vulnerable y proyecta una idea de “aprovechamiento” o “fraude”.
Las palabras crean imaginarios. Cuando la sociedad asocia “mena” con peligro, con gasto o con engaño, se desdibuja la verdadera naturaleza de la infancia migrante: niños y adolescentes que necesitan cuidado, no desconfianza.
Por eso, el lenguaje debe ser una herramienta de comprensión, no de distorsión. En la intervención socioeducativa, nombrar correctamente es también una forma de proteger.
El papel de los profesionales y del sistema de protección
Los equipos educativos y sociales que trabajan en centros de acogida y protección conocen de cerca la realidad tras los titulares. Saben que cada menor tiene una historia distinta, y que detrás de cada expediente hay miedos, traumas y esperanzas.
Cuando un menor llega, sea cual sea su origen o su situación, el primer paso siempre es garantizar su bienestar y su seguridad. Después, comienza un proceso largo y delicado: evaluar su situación, reconstruir sus vínculos, ofrecer educación, acompañarlo en la adaptación cultural y, finalmente, prepararlo para la autonomía.
El fenómeno de los “menas Erasmus” plantea un desafío añadido: cómo responder a posibles casos de instrumentalización sin vulnerar derechos ni alimentar prejuicios.
El sistema debe reforzar sus protocolos de detección, pero también sus mecanismos de mediación intercultural, su capacidad formativa y su comunicación pública. La transparencia y la coordinación interinstitucional son claves para evitar tanto la impunidad como la estigmatización.
Más allá del caso: una cuestión de mirada social
El debate sobre los menores migrantes no acompañados revela, en el fondo, cómo una sociedad entiende la infancia y la igualdad. Cuando el discurso se desplaza hacia el miedo, la sospecha o la ironía, se pierde de vista que el objetivo último del sistema de protección es dar oportunidades y restituir derechos.
Es legítimo revisar los procedimientos, detectar abusos o exigir responsabilidad a los adultos que incumplen la ley, pero eso no puede traducirse en un castigo colectivo hacia los menores.
La intervención socioeducativa tiene aquí una función decisiva: humanizar el discurso. No se trata solo de gestionar recursos, sino de construir relatos que devuelvan a los jóvenes su nombre, su historia y su dignidad.
Cada chico que aprende un idioma, que termina sus estudios o que se incorpora al mercado laboral demuestra que la inversión en protección funciona, que la inclusión es posible y que los titulares alarmistas no cuentan toda la verdad.
Nuestra misión: Proteger, Comprender y Educar
El llamado fenómeno de los “menas Erasmus” ha puesto de nuevo el foco sobre la infancia migrante, pero no debería convertirse en una excusa para alimentar prejuicios ni para cuestionar derechos básicos.
Más allá del ruido mediático, lo que se impone es una reflexión serena: los menores migrantes son ante todo menores, y su protección no puede depender del origen, del contexto o del relato periodístico del momento.
Frente a los titulares, la intervención socioeducativa debe responder con humanidad, rigor y coherencia.
Proteger primero, investigar después. Escuchar antes de juzgar. Y recordar siempre que el lenguaje, la actitud y las decisiones que tomemos como profesionales construyen la sociedad que heredarán esos mismos niños y niñas.
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