En el día a día del sector sanitario surgen conflictos debido a problemas de comunicación o de actuación entre los profesionales sanitarios, los pacientes afectados y los familiares. El terreno de actuación de la mediación sanitaria es de naturaleza más delicada, ya que se produce en un contexto de enfermedad y sufrimiento del paciente, y por ello lo ideal es “pacificar” cuanto antes.
Entre los siniestros sanitarios no solo se dan las negligencias o los errores clínicos, sino que también existen otros problemas de menor gravedad como pueden ser demoras o desacuerdos en la asistencia a pacientes, agresiones al personal sanitario, supresión de citas previas, actitud negativa del personal sanitario, etc.
Todos estos ejemplos de situaciones susceptibles de ocurrir en el ámbito sanitario pueden resolverse de forma más satisfactoria para las partes mediante el instrumento de la mediación sanitaria, antes que recurrir a la vía judicial ordinaria.
Como bien afirma el director general de la Escuela de Mediación de la Asociación Española de Mediación (ASEMED), Jesús Lorenzo Aguilar, la mediación supone en la actualidad un “fenómeno imparable” al que los jueces cada vez están más sensibilizados. Uno de los grandes valores de la mediación es que permite evitar la demanda judicial (que es más larga, costosa e insatisfactoria en la mayoría de casos para alguna de las partes).
La mediación sanitaria introduce cambios en la forma de abordar a priori los conflictos: se pasa de la mera recepción pasiva de las notificaciones judiciales a trabajar de forma proactiva para detectar las reclamaciones de riesgo (mediante servicios de Atención al Paciente o escritos presentados ante los Colegios de Médicos).
Un proyecto iniciado en el año 2011 creó un grupo de hospitales para asumir una estructura específica que funcionase de catalizador en el proceso de intermediación, para las reclamaciones que ocurrían en los hospitales del grupo HM Hospitales. Esto es una prueba que la mediación sanitaria avanza en la dirección correcta; no obstante, se trata de un recurso jurídico y social que todavía tiene mucho camino por recorrer en el espacio sanitario.
