Desde hace aproximadamente cinco años existe una dramática realidad en la que se encuentran inmersas muchas familias que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica, han dejado de poder cumplir con sus obligaciones de pago de préstamos o créditos que les fueron concedidos para la adquisición de su vivienda.
Ante esta circunstancia las entidades bancarias comienzan el proceso de ejecución hipotecaria (desahucio de los deudores), lo que está generando un serio problema social. Tanto es así que, según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los desahucios son la séptima mayor preocupación de los españoles (seguido de “los recortes” y de los bancos, por ejemplo). De hecho, en 2012 hubo un incremento del 20,6% del número de ejecuciones hipotecarias y, desde 2008, suman ya más de 350.000 en total, como indican los datos de un informe encargado por el CGPJ que éste mismo se ha negado finalmente a aprobar.
- Puede conocer más información en nuestro blog de ser mediador.
Esta situación es la que ha provocado que desde hace algo más de un año la mayoría de ayuntamientos de España haya establecido oficinas de mediación hipotecaria, habitualmente mediante la firma de convenios de colaboración con los colegios de abogados.
Estas oficinas ofrecen servicios totalmente gratuitos para las personas afectadas, ofreciendo información desde la perspectiva legal y encargándose de mediar con la otra parte interesada (las entidades bancarias, normalmente). De esta forma, además de buscar soluciones acordadas, se consigue un gran ahorro económico. En enero de 2012, según datos de la oficina de mediación hipotecaria de Tarrasa (la pionera en nuestro país), el coste directo de la ejecución hipotecaria era de 3.150 euros mientras que el coste del expediente de intermediación con resultado positivo ascendía solamente a 166 euros.
Acudir a la mediación en estos casos suele ser la mejor alternativa. Por ejemplo, los datos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia reflejan que el 66% de los casos tramitados en esta ciudad en 2012 se cerraron con acuerdo entre las partes, mediante la dación en pago o la reestructuración de la deuda.
La tendencia es que cada vez más ayuntamientos creen estos servicios donde profesionales de la mediación busquen una solución a los conflictos hipotecarios de los ciudadanos, ya que las estrictas condiciones que impone el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos no cubren a la mayoría de afectados en riesgo de desahucio.
Fuente de la fotografía: Audiovisuales 15M Zaragoza
