La crisis del COVID-19 ha hecho que el escenario socio-económico cambie. El endeudamiento de familias, autónomos y mercantiles llevará a que muchos de ellos no puedan asumir las obligaciones monetarias adquiridas, con la consiguiente interposición de miles de reclamaciones judiciales por parte de entidades financieras y bancos contra sus clientes.
Esto supondrá una avalancha de requerimientos que colapsarán las diferentes clases de los juzgados. En lo social a causa de los despidos masivos; en los juzgados de lo civil por asuntos como los desahucios, reclamaciones de cantidad, solicitudes de nulidad de contratos; los juzgados de lo contencioso administrativo, por su parte, recibirán un aluvión de solicitudes en torno a reclamaciones por responsabilidad patrimonial del estado, por actuaciones negligentes de dirigentes etc.
Es aquí cuando se tendrán que buscar métodos de acuerdo fuera del ámbito judicial. De todos ellos, la mediación se plantea como el más efectivo, pues de los instrumentos legales es el más fácil para entablar negociaciones y acuerdos, y así evitar el colapso del sistema judicial.
¿QUÉ ESPECIALIDADES PODRÁN ABORDAR ESTAS PROBLEMÁTICAS?
La Mediación en Consumo que resuelve problemáticas surgidas entre los consumidores o usuarios finales y las empresa o profesionales; la Mediación Laboral que aborda conflictos como impagos, despidos o deudas de vacaciones, entre otros; la Mediación Mercantil que trata situaciones relativas a la relación entre franquiciador y franquiciado, arrendador y arrendatario o desavenencias entre proveedores y clientes se tornarán FUNDAMENTALES en la era POST – COVID19
Otras, como la Mediación el ámbito Bancario e Hipotecario, también permitirán resolver, fuera del ámbito judicial cuestiones, relacionadas con los conflictos provenientes de la relación entre bancos y consumidores. Conflictos relativos a impagos, cláusulas suelo, IRPH, desahucios o impagos de hipoteca o incluso la relación entre propietario e inquilino.
Mientras que la Mediación Comunitaria será una especialidad CLAVE para solucionar aquellas problemáticas provenientes del periodo de confinamiento como ruidos, humos o uso de espacios comunes y evitar que los roces vecinales acaben en demandas judiciales.