Los números hablan por sí solos: en España, la mediación concursal ha experimentado durante el último año un crecimiento exponencial sin precedentes del 875%, pasando de 78 procedimientos a 683 registrados, según datos ofrecidos por el Colegio de Economistas de Alicante.
Este aumento de casos derivados a mediación concursal se ha producido debido a las varias modificaciones de la Ley concursal de 2013, con el objetivo de incorporar alternativas para evitar los concursos de acreedores para las empresas, como son los acuerdos de refinanciación y la mediación. Algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, registran hasta un 26% de mediaciones concursales.
Con este incremento en el número de mediaciones concursales y acuerdos de refinanciación se produce paralelamente un descenso en las solicitudes de concursos de acreedores (que en el año 2013 sobrepasaban los 9.143 y en 2015 la cifra se redujo a 4.000).
El descenso en los concursos de acreedores no representa una recuperación económica, sino que cada vez más empresas en situación de números rojos optan por acudir a la vía de la mediación, con mayores garantías de recuperación y continuidad.
¿Qué es la mediación concursal?
La mediación concursal podría definirse como un procedimiento cuya finalidad es llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores de una empresa, y así evitar su cierre, siendo una alternativa al propio procedimiento concursal para solucionar la situación de insolvencia de una empresa.
El perfil de mercantiles que llegan al acuerdo de refinanciación suele ser el de mediana empresa, situada en núcleo urbano, perteneciente al sector de la construcción, industrial, inmobiliario o venta al por mayor y con estructura de sociedad limitada.
La importancia de la mediación concursal para las pequeñas y medianas empresas es evidente: supone una opción ideal para aquellas empresas que no quieren atravesar la lentitud y los costes de la administración judicial ordinaria, pudiendo sacar adelante un plan de pagos y obtener una refinanciación que garantice la viabilidad de la empresa y el mantenimiento de la actividad ante pequeñas insolvencias.
