La pandemia que actualmente estamos viviendo está poniendo de manifiesto la importancia de ofrecer suministros a la población y quedó confirmada la urgencia de blindar la soberanía alimentaria. Así nos lo cuenta la Voz de Galicia.
Manifestaciones por precios justos
Desde antes del Estado de Alarma, ya se luchaba por unos precios justos para los productos, de la mano del sector primario.
Durante el confinamiento, fueron los que estuvieron trabajando cada día para que no quedasen desabastecidos los supermercados y tiendas.
Las manifestaciones consiguieron que se modificase la Ley de la Cadena Alimentaria, la cual prohíbe que se venda un producto a menos de lo que ha costado producirse, pero se denuncia que no se lleva a cabo en muchas ocasiones.
Un ejemplo de esto lo viven los productores de Ternera Gallega Suprema, son los mismos o en algunas ocasiones menores que por los que se manifestaban en las calles en 2020.
Adaptar la legislación para evitar prácticas comerciales desleales
El Gobierno tiene la intención darle un mayor respaldo al sector tras trasponer directiva 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de abril del 2019 sobre prácticas comerciales desleales e incorporar medidas para un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria en España.
Bruselas daba hasta el 1 de Mayo para que los Estados adaptasen su legislación para evitar prácticas comerciales desleales.
La norma en nuestro país aún está en debate, pero se ha presentado la adaptación argumentando que se elaborará un «proyecto de ley más ambicioso que la propia directiva».
Nuevo proyecto de Ley
Lo que sabemos de este nuevo proyecto de ley es que ampliará el contenido mínimo de los contratos alimentarios, incorporándose las penalizaciones contractuales. Además, se incluye una referencia a «la solicitud de mediación por las partes como fórmula para abordar los casos de ausencia de acuerdo».
Esto abre las puertas a la figura del mediador para que esté presente en los contratos comerciales. Las organizaciones agrarias ya lo demandaban al Ministerio de Agricultura y que se ha trasladado también a los diferentes grupos en el Congreso.
Este documento también habla de ampliar el catálogo de prácticas comerciales desleales, entre las que se destaca la modificación unilateral de contratos en lo que se refiere al volumen o devolución de productos no comercializados, a menos que haya un acuerdo expreso al respecto.
España debe de darse prisa para ir a la par con Bruselas, ya que se encuentra fuera de plazo en al adaptación de la norma.
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