El ámbito jurisdiccional de las Islas Canarias se prepara para dar un paso más en materia de mediación, en respuesta a la creciente demanda y aceptación de esta vía alternativa de resolución extrajudicial de conflictos.
Todo ello gracias a la propuesta de ley promovida por la Asociación Canaria por la Mediación y el Arbitraje (ACMA), que registró en el Parlamento regional canario una propuesta de ley que aboga por la creación de un consejo de mediación para toda la Comunidad Autónoma de Canarias.
¿Cuál es el objetivo de la nueva ley?
La propuesta de ley impulsada por la ACMA tiene como finalidad elaborar un plan autonómico que generalice y consolide la resolución extrajudicial de conflictos, institucionalizando la mediación y el arbitraje.
¿En qué consistiría el Consejo Canario de Mediación?
Este consejo se perfilaría como un consejo sectorial de asociaciones dedicadas a la mediación, con el objetivo de que colaboren con la Administración o mediante la emisión de informes y la realización de estudios, fomentando la mediación y asesorando al Ejecutivo autonómico en esta materia.
El nuevo organismo funcionaría, según la propuesta de ley, como un “espacio de encuentro, debate e interlocución válido entre el conjunto de actores de mediación de la Comunidad Autónoma de Canarias en todo lo que concierne a la mediación como instrumento para la pacífica resolución de conflictos y controversias”.
La proposición de ACMA plantea además que se constituyan consejos locales de mediación por parte de ayuntamientos, una medida que podrían acometer los cabildos con los consejos insulares.
Esta iniciativa ha sido presentada formalmente para que sea sometida a su aprobación por todos los partidos políticos en el Parlamento.
No cabe duda de que la mediación está haciéndose un hueco en todos los ámbitos de la jurisdicción de nuestro país. La mediación está consiguiendo descongestionar los juzgados españoles y agilizar trámites, aunque realmente el valor primordial y distintivo que hace que la mediación sea una opción ideal es que la solución debe nacer desde el consenso de las partes contendientes, y no por imposición de la figura de un juez.
