Cuando un menor entra en conflicto con la ley, la respuesta institucional suele oscilar entre la sanción y la reeducación. Sin embargo, la intervención socioeducativa va más allá de ambas: propone un enfoque restaurativo, centrado en la responsabilidad, la reparación del daño y la reintegración social.
Este artículo explora cómo acompañar a estos menores desde una mirada que no los reduzca a su conducta, sino que los reconozca como sujetos en proceso.
El contexto: adolescencia, exclusión y delito
Muchos menores que cometen infracciones provienen de contextos de exclusión social, violencia estructural o abandono institucional. El delito, en estos casos, no es solo una transgresión legal, sino también una forma de expresión del malestar, la rabia o la necesidad de pertenencia. Comprender este trasfondo es clave para diseñar intervenciones que no se limiten a “corregir”, sino que transformen.
Claves de la intervención socioeducativa
- Individualización del proceso: cada menor tiene una historia única que debe ser escuchada y comprendida.
- Trabajo con el entorno: familia, escuela, comunidad y grupos de pares son parte del proceso de cambio.
- Educación en valores y habilidades sociales: fomentar la empatía, la autorregulación y la toma de decisiones responsables.
- Participación activa del menor: no se trata de imponer un plan, sino de construirlo conjuntamente.
Ampliación: profundizando en la justicia restaurativa
La justicia restaurativa propone un cambio de paradigma: en lugar de centrarse en el castigo, se enfoca en el daño causado, las necesidades de las víctimas y la responsabilidad del infractor.
En el caso de menores, esta perspectiva permite procesos de mediación, encuentros restaurativos y acciones reparadoras que promueven la conciencia y el compromiso. Además, este enfoque tiene un fuerte componente preventivo. Al ofrecer al menor la posibilidad de reparar el daño y ser escuchado, se reduce la probabilidad de reincidencia. La intervención deja de ser una respuesta punitiva para convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y social.
Por último, es fundamental que los profesionales que trabajan con estos menores reciban formación específica en justicia juvenil, mediación y acompañamiento emocional. La intervención no puede ser improvisada ni basada en intuiciones: requiere rigor, sensibilidad y una profunda convicción en la capacidad de cambio de cada joven.
Intervenir con menores en conflicto con la ley no es justificar sus actos, sino comprender sus causas y ofrecer alternativas. Es apostar por la educación, la reparación y la dignidad. Porque cada menor merece una segunda oportunidad, y la sociedad también se transforma cuando decide ofrecerla.
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